Con la petición oficial de Andalucía, el Gobierno central de España ha recibido ya 4 peticiones de "rescate" para algunas de sus CC.AA. El panorama de este nuevo curso político se presenta negro de nuevo, tal y como acabo en julio, con la prima de riesgo desbocada.
Cataluña exigía hace una semana, 5.000 millones de euros para no declararse en impagos. Eso sí, sin abandonar la posición pseudonacionalista, que vestía la petición como una reclamación por el dinero robado.
La Comunitat Valenciana solicitó también 2.000 millones de euros para poder afrontar sus pagos. Estas dos comunidades han sido las más castigadas por esta falta de liquidez, con casos aislados, pero paradigmáticos de lo que significa verdaderamente esta crisis: colegios sin calefacción, cortes de luz a municipios enteros...
Y ahora, Andalucía se suma al carro de las peticiones, solicitando 2.000 millones, como adelanto, para poder afrontar sus pagos a largo plazo.
La imagen que proyecta el país hacia el exterior, en un momento en el que todas las dudas se ciernen sobre nuestra capacidad para financieros y devolver lo pedido, es nefasta. Lo que hay detrás es un problema estructural, que necesita una reforma que va más allá de dos reales decretos o de la archiutilizada austeridad.
La reforma del Estado y de la Constitución se revela cada vez más necesaria.
El Gobierno central promulga medidas cuyo único objetivo es contentar a los "mercados" porque, hasta el estudiante de economía más joven sabe que muchas de ellas se contradicen y tienen efectos contrarios (subir el I.R.P.F y el I.V.A.). Los años de crecimiento exponencial de la economía hasta 2007 mitigaron problemas estructurales, los enmascararon. Pero ahora, cuando las cuentas aprietan, se están descubriendo verdaderas fallas organizativas en el modelo de Estado, y estas declaraciones de las CC.AA. no hacen más que recalcarlo.
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